La percepción de justicia cambia de acuerdo con los contextos históricos, económicos, políticos y sociales; si bien son las Constituciones de las entidades federativas y la Constitución Federal las que por medio de un pacto social afirman el proyecto de nación mexicano, la justicia proviene de diferentes instrumentos y mecanismos y se imparte a través de mujeres y hombres ministros, magistrados o jueces.

Así, en cada sentencia, expediente, resolución, laudo, declaratoria o cesión de derechos, existe la posibilidad de hacer justicia, pero parar rendir cuentas sobre la actuación del poder judicial es necesario hacer justicia abierta.

Sin embargo, el poder judicial y la administración de justicia no se rigen por el principio de mayorías o por la participación ciudadana común, por eso, aún existe una discusión sobre la estructura conceptual de la justicia abierta.

Esta sección mostrará como la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, la transparencia proactiva, la innovación, la participación ciudadana especializada y la rendición de cuentas son elementos torales de la justicia abierta y cuales son sus efectos en el fortalecimiento del poder judicial.  

De acuerdo al documento Observatorio de Justicia Abierta 2019, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia, el concepto Justicia Abierta base para la planeación e implementación de este proyecto es:

“La existencia de normas, políticas y capacidades institucionales que garanticen la transparencia, el acceso a la in- formación y la participación ciudadana en las funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales que desempeñan las instituciones judiciales, en un marco de integridad y responsabilidad y mediante la innovación en el uso de tecnologías.”

Sin embargo, derivado de los trabajos de elaboración de un Módulo de Justicia Abierta en la Tercera edición de la Métrica de Gobierno Abierto, a cargo del INAI y el World Justice Project y a publicarse durante 2022, se adoptó la siguiente conceptualización.

Justicia Abierta: consiste en adaptar los principios de Gobierno Abierto (transparencia, participación social, colaboración y rendición de cuentas) a las instituciones y servicios de procuración, impartición, y administración de justicia, es decir, al ecosistema de justicia en su conjunto. 

Estos principios son aplicables a todas las instituciones de procuración, impartición y administración de justicia en todas sus materias (ecosistema de justicia): fiscalías, tribunales, policías investigadoras, defensorías, centros de justicia alternativa, centros penitenciarios, entre otras. Adoptar un modelo de Justicia Abierta permitiría promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y de involucrarse de forma participativa en el diseño, toma de decisiones e implementación de las políticas públicas, en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. La Justicia Abierta busca transformar a las instituciones y servicios para que la justicia sea accesible para la ciudadanía, fortaleciendo su rendición de cuentas e integridad por medio de la transparencia, la participación, y la colaboración. Mediante la Justicia Abierta se contribuye a resolver los retos y restricciones prevalecientes que limitan una justicia pronta, completa, imparcial e incluyente, garantizando así mayor acceso a la justicia, particularmente para las personas pertenecientes a grupos poblacionales en condición estructural de discriminación y exclusión.

*Puedes consultar el documento en la última sección de esta página.
* Pronto podrás consultar el Módulo de Justicia Abierta en la Tercera edición de la Métrica de Gobierno Abierto.

El presente estudio, realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia, se denomina: Observatorio de Justicia Abierta 2019, y es una fuente obligada para quien quiere conocer sobre la materia, así como para los sujetos obligados de las entidades federativas, entre los que se encuentran los poderes judiciales y otros organismos con funciones materialmente jurisdiccionales. Este material auxilia en la observancia de las obligaciones de transparencia y provee elementos de análisis sobre gobierno abierto, expuestos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y sus leyes locales. Sin duda ha sido una herramienta guía en los últimos años para la promoción y el fortalecimiento de la participación ciudadana, el uso de tecnologías, así como el dinamismo positivo en la transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas del Estado Mexicano frente al acceso a la justicia.