Consultoría para fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales ante la emergencia COVID-19
La Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), con el apoyo del Programa EUROsociAL+, desarrollará una consultoría para elaborar un documento de análisis sobre la respuesta de las instituciones parte de la Red ante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 con el fin de determinar:
- problemáticas,
- identificar buenas prácticas,
- y realizar recomendaciones sobre cómo implementar mejoras en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos en el contexto actual, y ante otras emergencias sanitarias en el futuro.
El documento identificará acciones tomadas por los órganos garantes de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública de América Latina parte de la RTA y de al menos 5 países de la Unión Europea ante la emergencia sanitaria. En ese sentido, el reporte estará además enfocado en analizar el alcance e impacto de las decisiones, políticas, estrategias y otras acciones de los órganos garantes, a fin de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la información pública, que el Estado rinda cuentas de sus actuaciones y, en particular, proporcione la información sobre la situación de emergencia a la par que se garantiza la protección de los datos personales de la ciudadanía afectada por la pandemia.
Participación de los miembros de la RTA
Los miembros de la RTA deberán designar un funcionario(a) encargado (a) de proporcionar al consultor(a) con todos los insumos necesarios para la elaboración del reporte. De igual forma, el consultor(a) deberá realizar una búsqueda de la información que se encuentra disponible en los mecanismos de acceso a la información disponibles para la sociedad.
En ese sentido, el(la) enlace designado(a) será responsable de indicar:
- Cambios logísticos (extensiones de plazos, medidas institucionales, esquemas de trabajo remoto, et.) que se implementaron, a fin de asegurar el funcionamiento de los órganos garantes;
- Mecanismos y medios utilizados para garantizar el acceso a la información en una situación de emergencia sanitaria, incluyendo acciones realizadas de manera conjunta con otras instituciones públicas, especialmente aquellas relacionadas con la salud pública o a la protección de datos personales; y
- Cualquier otra acción o acontecimiento que pudiera ser relevante para la garantía del acceso a la información ante el COVID-19.