En México, los primeros esfuerzos para promover los datos abiertos comenzaron en 2011 con la emisión de normativas a nivel federal. Sin embargo, más de una década después, la agenda de datos abiertos aún enfrenta desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a la adopción de criterios y estrategias uniformes a nivel nacional.

Uno de los estudios que ejemplifica los retos que existen en este ámbito es la Métrica de Gobierno Abierto que evalúa si las instituciones gubernamentales ponen a disposición de la ciudadanía información sobre sus atribuciones, actividades y resultados en formato de datos abiertos. En la edición de 2021, este componente obtuvo una calificación promedio de 0.16 en una escala de 0 a 1, situando el componente de datos abiertos como el más débil dentro de la apertura institucional. Ante esta situación, una de las recomendaciones clave fue impulsar una política nacional que facilitara la apertura de datos en todos los niveles de gobierno.

En la edición de 2023 se evaluó a 2,043 instituciones federales, estatales y municipales y los resultados fueron aún más preocupantes; el componente de datos abiertos obtuvo un promedio de 0.08, mostrando una caída del 50% respecto a 2021. Solo nueve de las 32 entidades evaluadas superaron el valor medio, y el estudio destacó la persistencia de problemas como datos faltantes y carpetas vacías. Estos resultados dieron cuenta de la urgente necesidad de simplificar y facilitar el acceso, análisis y uso de datos a través de una política nacional coherente y efectiva.