Gobierno abierto, registros administrativos y toma de decisiones

Guillermo M. Cejudo
CIDE

Una de las promesas de la apertura gubernamental es que, además de tener efectos en la relación gobierno-ciudadanía, puede mejorar la calidad de la información pública –por la necesidad de tener archivos documentales y digitales apropiadados para ser transparentados– y de la toma de decisiones –por la posibilidad de utilizar esa información en deliberaciones públicas, en el monitoreo de la actividad administrativa, en la rendición de cuentas y en la formulación de políticas. Esa promesa, depende de que los registros administrativos existan, sean de calidad, sean públicos y accesibles y, desde luego, que se usen. Este argumento puede demostrarse con información acerca de las solicitudes de acceso a la información en México.

Los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019 permiten conocer el estado de la transparencia y la participación ciudadana en el Estado mexicano, con base en una metodología desarrollada para la edición 2017, que, por un lado, recupera la discusión teórica y la práctica internacional sobre gobierno abierto y, por otro, refleja el diseño institucional de sistema de transparencia en México para responder qué tan fácil es para una persona conocer lo que hace su gobierno y qué tanto puede incidir en las decisiones de las oficinas públicas.

Esta edición incorpora una innovación metodológica importante: a diferencia de la Métrica 2017 y de levantamientos previos de métricas de transparencia (por ejemplo la de 2014) que evaluaban los procesos de acceso a la información a partir de un usuario simulado, esta vez se utilizan datos, proporcionados por los organismos garantes, sobre las solicitudes de información realizadas a los sujetos obligados analizados durante doce meses (de julio de 2017 a junio de 2018).

Esta información permitió responder preguntas básicas que se reflejan en los indicadores de la Métrica, tanto respecto al proceso de respuesta (¿cuántas de las solicitudes recibidas por los sujetos obligados fueron respondidas? ¿cuántas respuestas se recibieron dentro del plazo previsto por la ley?, ¿qué tan frecuente fue el uso de prórroga?) como a la calidad y oportunidad de la información entregada (¿qué tan completa es la respuesta?, ¿cuántos días naturales requirió responder la solicitud?, ¿qué tan clara, a los ojos ciudadanos, es la información entregada?).

Utilizar esas bases sirvió también para alertar sobre tres asuntos importantes:

1. Hay amplias oportunidades para mejorar la calidad de la información que los órganos garantes tienen sobre las solicitudes de información que llegan a los sujetos obligados: los campos de información, los criterios de clasificación, la estructura de las bases y, notablemente, la información sobre los recursos de revisión necesita mayor sistematización y coherencia interna.
2. Hay un potencial no aprovechado por los organismos garantes para conocer, con datos agregados, los temas sobre los que las personas hacen más preguntas, las variaciones temporales de las solicitudes, los sujetos obligados que tardan más en responder o los que responden mejor, o fluctuaciones en los tiempos de respuestas. Esta información podría ser utilizada para definir las agendas de transparencia proactiva de cada uno de los sujetos obligados y para detectar a aquellos sujetos que pudieran estar afectando negativamente la experiencia del ciudadano al hacer una solicitud.
3. Hay oportunidades para que el Sistema Nacional de Transparencia haga de la Plataforma Nacional de Transparencia un tablero de control que se actualice en tiempo real y permita conocer el desempeño de los sujetos obligados y los órganos garantes, para reaccionar a los temas sobre los que la ciudadanía tiene interés y poder detectar patrones en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Se recomienda utilizar herramientas de análisis masivo de datos para orientar las decisiones y los planes del sistema.

Aprovechar estas oportunidades permitiría que el derecho de acceso a la información sea garantizado de mejor manera en el país. Los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto muestran avances, pero los retos continúan siendo grandes, sobre todo en torno a la calidad, relevancia y oportunidad de la información que recibe la ciudadanía. La única forma de lograr mejoras en cualquier evaluación, y en la vida real del ciudadano, es utilizando la información que ya existe y conectándola con la toma de decisiones.

De esta forma, podemos imaginar un círculo virtuoso de la apertura gubernamental: transparentar la información fomenta su uso, el uso aumenta la visibilidad e incrementa la exigencia de más y mejor información. Esto, además, permite mejorar las decisiones públicas y facilitar la interacción entre gobiernos y ciudadanía.

La apertura gubernamental no es una política que se agote en sí misma (entregar información, liberar datos), sino que debe servir para resolver problemas públicos, mejorar el funcionamiento de los gobiernos e involucrar a los ciudadanos en los temas que nos son comunes.

Artículo publicado el 27 de marzo de 2019, en la Primera edición del Boletín Abierto