Justicia Abierta

Para determinar si los servicios de justicia son útiles, accesibles y de calidad, tenemos que saber primero qué personas han podido acceder a estos servicios, así como la calidad de la atención que han recibido. Por ello, analizamos si los Poderes Judiciales locales registran información y si la desagregan por el sexo, la edad, la etnia, la discapacidad, diversidad sexual e identidad de género de las personas.

A continuación, los hallazgos más relevantes que encontramos por cada uno de estos aspectos:

1.1 Registro de casos ingresados

• Todos los Poderes Judiciales tienen un registro de los casos ingresados.
• Es necesario registrar variables que permitan identificar a poblaciones históricamente discriminadas (sexo, edad, etnia, discapacidad, etcétera).
• En los casos donde se registran variables sociodemográficas, estos campos no son obligatorios.
• La información estadística de los casos que ingresan no es publicada en formato de datos abiertos, y no se desagrega por variables sociodemográficas.

1.2 Registro de las sentencias

• 27 Poderes Judiciales tienen un registro de las sentencias que dictaron.
• 13 Poderes Judiciales registran, al menos, el sexo de las partes pero existe una gran disparidad en el tipo de la información que registran.

Además, el registro de esta información se considera complementario y de captura opcional.

1.3 Registro de órdenes de protección

• La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) que mandata el registro de datos en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), entró en vigor desde 2007, sin embargo, algunos Poderes Judiciales comenzaron a capacitarse para registrar las órdenes de protección en BANAVIM hasta 2021, como es el caso de Aguascalientes, Veracruz, Jalisco y Oaxaca.
• 9 Poderes Judiciales emplean de forma indistinta los términos “medida de protección” y “orden de protección”
• 8 Poderes Judiciales emplean de forma indistinta los términos “medida de protección” y “orden de protección”. Lo anterior puede causar confusiones, tanto a las usuarias del sistema de justicia como a las autoridades que las dictan pues propiamente las medidas de protección están sujetas a una demanda penal o proceso judicial, mientras que las órdenes de protección son autónomas, por lo cual no requieren que exista una denuncia o una causa penal para ser dictadas por las autoridades.
• De los 23 poderes Judiciales que reportaron contar con un registro de las órdenes de protección, solo 15 especificaron las variables que registran.
• El registro de la información sociodemográfica no se realiza para todas las personas involucradas en el proceso. En muy pocos casos se registra información del solicitante (solo en caso de que sea menor de edad), del asistente jurídico o de la defensoría.
• 2 Poderes Judiciales reportaron que el registro de esta información es discrecional, pues depende de cada juzgado determinar qué variables se registran.

1.4 Capacitación judicial

• 28 Poderes Judiciales respondieron que sí tienen un registro de las capacitaciones que impartieron a su personal.
• La información sobre capacitación con la que cuentan los Poderes Judiciales no está integrada en un registro único, lo que dificulta dar seguimiento al grado de especialización del personal jurisdiccional. Por ejemplo, las Escuelas judiciales tienen un registro y las Unidades de Género y Derechos Humanos tienen otro, además, la información que recaban es distinta y no se desagrega a nivel individual.
• Los Poderes Judiciales de Coahuila y Aguascalientes fueron los únicos que especificaron llevar a cabo evaluaciones de las capacitaciones.

1.5 Registro de personal

• 24 Poderes Judiciales» tienen un registro de su personal que incluye información para identificar a poblaciones históricamente discriminadas, lo cual es importante para avanzar en la implementación de políticas de inclusión y diversidad en el espacio laboral.
• 24 Poderes Judiciales tienen un registro desagregado del sexo de su personal.
• 15 Poderes Judiciales registran la edad de su personal.
• 6 Poderes Judiciales registran la pertenencia o adscripción a una comunidad indígena.
• 3 Poderes Judiciales (Oaxaca, Michoacán y Yucatán) ya registran la condición de discapacidad.

Uno de los principios en los que se sustenta la Justicia Abierta Feminista es la participación, por ello, es fundamental que los Poderes Judiciales establezcan mecanismos de participación ciudadana que les permitan conocer las demandas e intereses de la diversidad social, en especial, de las poblaciones que han sido históricamente excluidas del acceso a la justicia, crear condiciones para que las personas conozcan las funciones del Poder Judicial y cambie la percepción de desconfianza y corrupción sobre la labor jurisdiccional, y participar en la construcción de soluciones a los problemas en la provisión de servicios de justicia. Al respecto, en este diagnóstico se identifica que:

• Actualmente, no se reconoce plenamente que la participación ciudadana es compatible con el que hacer jurisdiccional; y que además es necesaria para reforzar su legitimidad e independencia.
• Hay dificultades para diferenciar mecanismos de participación y convenios de colaboración.
• No se cuentan con criterios claros para establecer mecanismos de participación ciudadana efectivos, abiertos e incluyentes
• A pesar de ello, 19 Poderes Judiciales ya reportaron contar con mecanismos de participación ciudadana, como observatorios, consejos consultivos y mesas de trabajo; aún más, 9 de estos reportaron mecanismos
  de vinculación con organizaciones de la sociedad civil.
• 25 Poderes Judiciales cuentan con convenios de colaboración.
• Tanto en el caso de mecanismos como en el de los convenios de colaboración, se ha identificado que los Poderes Judiciales se vinculan principalmente con actores legitimados, como son las universidades, barras y colegios de abogados. así como con otras instituciones gubernamentales.

Una de las herramientas principales para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación son las capacitaciones al personal. Desde EQUIS apostamos por capacitaciones que cumplan con cinco criterios mínimos de idoneidad.

1. Ser impartidas en formatos adecuados, como talleres y cursos.
2. Tener una duración razonable para la cantidad de contenidos a estudiar,
3. Estar dirigidas al personal jurisdiccional (y administrativo, cuando corresponda).
4. Ser impartidos por expertas en la materia.
5. Contar con metodologías prácticas que permitan evaluar sus resultados.

Además, debemos apostar por la implementación de programas de capacitación
continuos y progresivos, tendientes a la especialización del personal para proveer
justicia en casos donde convergen estas interseccionalidades. En este sentido, se
observa que:

• La cantidad de las capacitaciones varía ampliamente, dependiendo de la
  temática. De los 32 Poderes Judiciales, en 2021.
• 30 Poderes Judiciales capacitaron a su personal sobre las obligaciones de
  transparencia y protección de datos personales.
• 30 capacitaron en juzgar con perspectiva de género;
• 24 capacitaron sobre derechos humanos.
• 14 capacitaron sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA)
• 11 capacitaron sobre derechos de las personas con discapacidad.
• 10 capacitaron sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
• 5 capacitaron sobre derechos de las personas LGBT.
• 4 capacitaron sobre derechos de las personas migrantes.

Por otra parte, de todas las actividades de capacitación reportadas, aquellas dirigidas a juzgar con perspectiva de la infancia, discapacidad, interculturalidad, derechos de las personas LGBT y migrantes no son procesos formativos que cumplan con los criterios mínimos de calidad para garantizar que el personal jurisdiccional incorpore los derechos humanos en sus labores. Por ejemplo, mientras que en materia de género y derechos humanos se reportan seminarios, cursos, talleres, cuando se trata de otras temáticas estas son actividades esporádicas (como foros o presentaciones), de poca duración (un par de horas), con grandes audiencias (más de cien personas), donde difícilmente se puede profundizar sobre el contenido expuesto o su aplicación en el quehacer jurisdiccional.

Para EQUIS, el acceso a la información es un elemento transversal del acceso a la justicia. La información pública, útil, actualizada y accesible que publican los Poderes Judiciales, es necesaria para que las personas se reconozcan como sujetas de derechos, conozcan los servicios y las instituciones a las que pueden recurrir, así como para conocer el estado de las cosas y participar activamente en la elaboración de soluciones a los problemas que enfrentan los Poderes Judiciales para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación. Para que los Poderes Judiciales cumplan con las obligaciones que marca la Ley General de Transparencia, es necesario que las instituciones cuenten con Unidades de Transparencia fortalecidas. En este sentido, en el diagnóstico encontramos que:

• 30 Poderes Judiciales sí tienen un documento que formaliza la creación y operación de su Unidad de Transparencia.
• 27 Poderes Judiciales no tienen un diagnóstico de las necesidades presupuestales y de recursos humanos de sus Unidades de Transparencia.
• Todas las Unidades de Transparencia cuentan con recursos presupuestales, sin embargo, solo 6 Poderes Judiciales (Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo) reportaron que asignan un presupuesto específico a sus Unidades.

Los poderes judiciales tienen la obligación de establecer políticas de transparencia proactiva, a través de las cuales, se genere información útil, adicional a la oficiosa, que mejore el acceso a trámites y servicios, optimice la toma de decisiones, y esté enfocada en las necesidades de sectores de la sociedad específicos, incluyendo su difusión a través de distintos medios que sean culturalmente pertinentes. Respecto a la obligación de establecer políticas proactivas de transparencia se identificó que:

• 18 Poderes Judiciales reportaron el cumplimiento de obligaciones de Transparencia Proactiva, como la generación de micrositios de transparencia proactiva o la publicación de información de interés público a partir de ejercicios de gobierno abierto.
• Solo el Poder Judicial de Coahuila reportó que cuenta con una Política de Transparencia Proactiva propia actualmente.

De manera adicional, en este rubro analizamos si se cuentan con criterios para publicar información con perspectiva de género; si difunden sentencias sobre casos de violencia de género, si cuentan con criterios para publicar información de interés público y si han implementado acciones para que sus sentencias sean más comprensibles. A continuación, se muestran los hallazgos más relevantes por cada uno de estos aspectos:

 5.1 Criterios para publicar de información con perspectiva de género

Los Poderes Judiciales tienen la obligación de publicar información con perspectiva de género. Sin embargo, aún está pendiente la generación de lineamientos claros que definan cómo incorporar la perspectiva de género y derechos humanos en la transparencia judicial y cuáles son las estrategias o acciones para que los Poderes Judiciales puedan cumplir con esta obligación. Al respecto, se encontró que:

• Ningún Poder Judicial cuenta con criterios para publicar información con perspectiva de género.
• Pese a que aún no tienen claridad sobre cómo cumplir con esta obligación, 16 Poderes Judiciales reportaron haber implementado actividades para
  publicar información en materia de género.

 5.2 Difusión de sentencias sobre casos de violencia de género

La difusión de sentencias sobre casos de violencia contra las mujeres nos permite: a) Conocer cómo el Poder Judicial está protegiendo a las mujeres contra la violencia, e identificar si a través de las resoluciones judiciales se está previniendo que el fenómeno de la violencia aumente o escale; b) Conocer la manera en la que se está impartiendo justicia en casos que involucran derechos de las mujeres, c) Identificar áreas de oportunidad en materia de capacitación judicial para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación, y finalmente, d) publicidad de estas sentencias manda un mensaje a la sociedad sobre la cero tolerancia a las violencias de género y la impunidad. Al respecto, en este diagnóstico se identifica que:

• 20 Poderes Judiciales reportaron establecer acciones para difundir sentencias con perspectiva de género. Tales como: la difusión de sentencias
  ganadoras de concursos de juzgar con perspectiva de género (Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora), la publicación de infografías sobre sentencias relevantes (Guanajuato, Hidalgo, Puebla) y un Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género (Chiapas).

5.3 Criterios para publicar información de interés público

Los Poderes Judiciales tienen la obligación de generar y publicar la información necesaria para que la diversidad social comprenda las actividades que llevan a cabo y conozcan mejor sus derechos y cómo ejercerlos. Sin embargo, para cumplir con esta obligación, los Poderes Judiciales deben contar con criterios claros para vincularse con la diversidad social, identificar qué información se considera útil, así como los medios culturalmente pertinentes para difundirla y hacerla accesible.

• Ningún Poder Judicial cuenta con criterios específicos para publicar información de interés público.
• Sin embargo, 12 Poderes Judiciales ya han implementado acciones para generar información de interés público tales como la celebración de mesas de trabajo para definir información de interés público, la creación de la Unidad de Estadística Judicial del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, entre otros.

5.4 Ciudadanización de sentencias

Para que todas las personas podamos acceder al contenido de las sentencias, comprenderlo y evaluarlo, es necesario que éste sea accesible y ciudadanizado.

Esto es particularmente importante para que las colectivas, movimientos y organizaciones que acompañan a poblaciones históricamente discriminadas (mujeres, personas indígenas, NNA, personas con discapacidad, entre otras) puedan reconocerse como sujetas de derechos, vigilen su aplicación en condiciones de igualdad y no discriminación, y puedan participar activamente en el monitoreo y elaboración de recomendaciones para mejorar el acceso a la justicia.

• 20 Poderes Judiciales reportaron que ya han implementado acciones para que el contenido de sus sentencias sea accesible a más grupos poblacionales.
• Entre las buenas prácticas que han implementado los Poderes Judiciales para ciudadanizar las sentencias encontramos las capacitaciones al personal
  y la publicación de lineamientos para la elaboración de sentencias de lectura fácil; infografías para explicar el contenido de las sentencias, buscadores con filtros de búsqueda de sentencias de lectura fácil, traducción a lenguas indígenas, e incluso obras de teatro donde el personal del Poder Judicial presenta sus expedientes con guiones adaptados de casos de custodia, discapacidad y abuso sexual, discriminación de la mujer indígena, diversidad sexual y hostigamiento que fueron resueltos con perspectiva de género.

Desde EQUIS, hemos impulsado la obligación de que los Poderes Judiciales publiquen todas sus sentencias, pues a través de estas las personas se reconocen como sujetas de derechos, pueden vigilar la interpretación y aplicación de las leyes en condiciones de igualdad y no discriminación, y pueden participar activamente en el monitoreo y elaboración de recomendaciones para mejorar el acceso a la justicia. Para cumplir con este objetivo, consideramos que la publicación de las sentencias debe cumplir con los siguientes criterios:

1. Principio de accesibilidad: implica poder acceder a las sentencias de manera sencilla, mediante buscadores accesibles.
   
2. Principio de completud: la cantidad de sentencias publicadas debe corresponder con el número total de sentencias emitidas.
   
3. Principios de oportunidad y permanencia: La publicidad de las sentencias debe ser completa, en el sentido de que se pueda conocer el contenido íntegro de las mismas y también debe ser actual. Por tanto, las sentencias
   deben ser fáciles de comprender, legibles y se tienen que publicar todas las
   sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, o, al menos las que se
   han emitido en años recientes.

Bajo estos criterios pudimos observar que:

6.1 Publicación de versiones públicas de todas las sentencias emitidas

• 27 Poderes Judiciales respondieron contar con un registro de las sentencias que publicaron.
• Sin embargo, aún es necesario publicar información para poder dar seguimiento al avance en el cumplimiento de la obligación de publicar todas las
  sentencias dictadas, que entró en vigor en 2021.

Por ejemplo, es necesario tener un registro y publicar información precisa del número de sentencias dictadas por año y cuántas de ellas son publicadas.

6.2 Lineamientos para la publicación de sentencias

• Respecto al principio de oportunidad y permanencia, Sinaloa y Zacatecas han publicado sentencias de 2016 y 2017, pero no existen sentencias públicas dictadas en años recientes.
• 21 Poderes Judiciales tienen lineamientos que regulan y guían a los servidores públicos en la elaboración de sentencias públicas.

1. No todos los lineamientos especifican los datos que deben suprimirse, por lo que queda a discrecionalidad de la persona juzgadora.
2. El listado de los datos considerados sensibles que deben suprimirse no está estandarizado.
3. Los datos que se suprimen, como la etnia, discapacidad, identidad sexual, impiden la evaluación de criterios con perspectiva de género o derechos fundamentales de grupos históricamente discriminados.
4. Coahuila y Nuevo León son los únicos Poderes Judiciales que establecen la obligación de las personas juzgadoras de identificar los datos que hacen identificable a una persona y por tanto, es necesario suprimir de la versión pública de las sentencias; siempre y cuando esta información no resulte indispensable para entender el criterio de la persona juzgadora.

6.3 Buscadores de sentencias accesibles

• 30 Poderes Judiciales ya cuentan con buscadores de sentencias.
• 12 de ellos cuentan con filtros de búsqueda específicos para localizar sentencias de grupos históricamente discriminados.
• 11 permiten localizar “sentencias dictadas con perspectiva de género”. 3 “sentencias de grupos en situación de vulnerabilidad”.  5 permiten localizar sentencias sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes.  Nayarit y Puebla tienen filtros de “sentencias de lectura fácil” ; mientras que Jalisco y Nuevo León permiten filtrar las sentencias por el nombre del juez, jueza, magistrado o magistrada que las dictó.
• Durango y San Luis Potosí todavía no cuentan con buscadores de sentencias.

La justicia abierta debe ser un medio para garantizar la justicia en igualdad, por ello, debe aprovechar las oportunidades y herramientas tecnológicas del presente, pero también crear estrategias innovadoras para hacerse cargo de las desigualdades del pasado. Es fundamental, entonces, documentar y reconocer las prácticas innovadoras que han implementado los Poderes Judiciales en todo el país para acercar sus servicios a las personas, a fin de que sean referentes para otras instituciones de justicia, tanto a nivel nacional como internacional.

7.1 Justicia Digital

32 poderes judiciales cuentan con servicios digitales de justicia. Entre ellos:

• 30 Poderes Judiciales implementaron audiencias virtuales.
• 7 Poderes Judiciales permiten celebrar juicios en línea.
• 15 Poderes Judiciales permiten agendar citas en línea.
• Baja California Sur y Guanajuato permiten agendar citas vía telefónica.
• 10 Poderes Judiciales cuentan con firma electrónica y 6 Poderes Judiciales respondieron que están trabajando en su desarrollo.
• 4 Poderes Judiciales tienen un sistema para gestionar sus casos.
• 12 Poderes Judiciales cuentan con un sistema informático para consultar y dar seguimiento a los expedientes.
• 8 Poderes Judiciales permiten interponer demandas en línea.
• 3 Poderes Judiciales tiene servicio de defensoría virtual.

7.2 Prácticas innovadoras alternativas para mejorar el acceso a la justicia

20 Poderes Judiciales reportan haber implementado acciones o estrategias alternativas para mejorar el acceso a la justicia en 2021. Entre las principales estrategias están:

• Las jornadas itinerantes de justicia (Estado de México y Nuevo León), particularmente de mediación (Baja California, Guanajuato y San Luis Potosí) y defensoría (Coahuila).
• La atención y orientación telefónica (Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Yucatán), incluso para la celebración de audiencias (Zacatecas).
• La creación de juzgados especializados descentralizados (Chihuahua, Estado de México y Veracruz han implementado juzgados especializados para menores, Oaxaca y Quintana Roo de justicia indígena, Campeche para violencia contra la mujer y CDMX un juzgado de tutela de derechos humanos)