La multifactorialidad de la brecha entre las mujeres indígenas y la información

Dominique Pascal Amezcua Juárez
Programa de Derecho a la Información, Artículo 19
dominique@article19.org

RESUMEN

Este artículo busca plantear la importancia de una lectura interseccional sobre los elementos que dificultan el acceso a la información pública a mujeres indígenas que viven en la zona Selva Norte de Chiapas con la intención de apuntar, de manera somera, algunos de los elementos que deben tomarse en cuenta al momento de diseñar políticas, estrategias e intervenciones para que la libertad de información sea un derecho al alcance de todas y todos los mexicanos.

 

A nivel global existe un reconocimiento explícito de que aún existen desafíos importantes para que todas las personas, en particular las mujeres y las poblaciones marginadas, ejerzan de manera sustantiva el derecho a la información [1]. En México, a pesar que desde mayo de 2016 se publicaron una serie de criterios vinculantes para garantizar el ejercicio del derecho a la información a grupos vulnerables [2], para muchas mujeres indígenas de la selva norte del estado de Chiapas la información es un bien al que no pueden acceder.

La triple discriminación que, históricamente, han padecido las mujeres indígenas en nuestro país – por ser mujeres (sistema sexo-género), por ser indígenas (pertenencia étnica) y por ser pobres (situación de carencia) – se hace explícita cuando hablamos de su acceso al derecho a la libertad de información. Estudios sobre el perfil sociodemográfico de la población de habla indígena, arrojan luz sobre cómo se intersectan y combinan diferentes identidades que influyen sobre el acceso que pueden tener las mujeres de esta comunidad a derechos y oportunidades.

Artículo 19 ha trabajado desde hace tres años con mujeres indígenas de los municipios de Salto de Agua y Palenque, en el marco de un proyecto que busca promover el uso instrumental del derecho de acceso a la información como una herramienta para acceder a otros derechos. En este periodo hemos tenido oportunidad de constatar cómo el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación – así como los contextos históricos, sociales y políticos – crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de estas mujeres con respecto a la información pública.

Como colectividad, un amplio sector de las mujeres con las que colaboramos comparten ciertas características. La mayoría de ellas son mujeres en edad adulta, que no saben leer ni escribir y, si bien algunas de ellas entienden castellano, la mayoría se comunica y comprende mejor el ch´ol. Todas dedican sus jornadas al trabajo doméstico, al cuidado de las y los otros, al trabajo en la milpa y al cuidado de sus animales. Es muy poco el tiempo del que disponen para dedicarlo a “otras actividades” que no estén relacionadas con cumplir con sus roles de madres y esposas, entre ellas las que tienen que ver con su esparcimiento o autocuidado.

Del mismo modo, casi ninguna de ellas es propietaria de un dispositivo electrónico para acceder a la red de telefonía celular y a internet . Son sus familiares quienes, ocasionalmente, “les prestan” los dispositivos, por un tiempo muy reducido y para que lleven a cabo acciones muy concretas como hacer una llamada o mandar un mensaje. Además, debido a la poca interacción con los aparatos, las mujeres manifiestan sentir mucho temor al momento de usarlos y, bajo esta lógica, ellas mismas descartan la posibilidad de aprender a manejarlos y a buscar información sin el apoyo de alguien más, debido a una inseguridad sobre sus propias capacidades y a la cantidad de tiempo que, perciben, tendrían que invertir para lograrlo.

Los testimonios recabados sobre las inquietudes y preocupaciones de las mujeres con las que trabajamos, vinculadas a la carencia absoluta de información pública sobre las problemáticas que impactan sus vidas y las de las comunidades, dan cuenta de prácticas de violencia institucional racistas y discriminatorias -violatorias no sólo de su derecho a la información sino de sus derechos humanos fundamentales- que tienen lugar cuando ellas se “atreven a preguntar”.

En los servicios médicos, por ejemplo, son atendidas por personas que no comparten idioma con ellas, son sometidas a procedimientos médicos sin que se les explique por qué les son practicados (consentimiento informado) y, de manera generalizada, manifiestan recibir malos tratos que, en numerosas ocasiones, incluyen referencias a su pertenencia étnica, a su condición de pobreza y, por supuesto, al hecho de que son mujeres.

Si ante este escenario pensamos en las modalidades de la transparencia, las políticas públicas en materia de transparencia activa, reactiva, y proactiva, implementadas en México, no facilitan ni propician el ejercicio de la libertad de información para las mujeres ch’oles de la selva norte de Chiapas que no saben leer ni escribir y que padecen múltiples formas de exclusión y opresión de manera cotidiana. Lo que se cuestiona aquí no es el potencial de las acciones hasta ahora emprendidas, sino la ausencia de una reflexión sobre las razones de su ineficacia en determinados contextos y para ciertos sectores poblacionales que, coincidentemente, han sido tratados históricamente como ciudadanos y ciudadanas de segunda.

En este sentido, herramientas feministas como la interseccionalidad han probado su efectividad para contrarrestar estas tendencias y facilitar la comprensión íntegra de la complejidad y especificidad de las realidades que habitan las mujeres indígenas analfabetas en nuestro país, de entrada, para identificar qué elementos de las políticas actuales están replicando prácticas que encajan con patrones discriminatorios en detrimento de ellas.

Si las metodologías de análisis sobre la accesibilidad de la información pública continúan siendo categóricas, verticales y ciegas al género, es poco probable que logren identificar, en toda su amplitud, los distintos actores, instituciones, políticas y normas socioculturales y de género que obstaculizan el disfrute de este derecho y, en consecuencia, de muchos otros, a un amplio sector de la población.

Un enfoque feminista de “abajo hacia arriba” en la investigación, el análisis y la planeación de la política de acceso a la información contribuirá a visibilizar contextos particulares, experiencias específicas y aspectos cualitativos de temas como la igualdad, la discriminación y la justicia, en favor de la inclusión de las mujeres indígenas mexicanas. Nunca más sin ellas. Nunca más sin nosotras.

Referencias bibliográficas

[1] The Carter Center, “Declaración de Atlanta para el avance del derecho de acceso a la información para las mujeres”, feb. 2018, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/DeclaracionAtlanta.pdf
[2] Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se emiten los Criterios para que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que Permitan el Ejercicio de los Derechos Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a Grupos Vulnerables”, 4 de mayo de 2016, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436057&fecha=04/05/2016

Bibliografía consultada

AWID, “Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica”, Derechos de las mujeres y cambio económico, No. 9, agosto 2004.

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Artículo publicado el 27 de marzo de 2019, en la Primera edición del Boletín Abierto

 

 

 

 

[1] Durante el último año, a partir de iniciativas promovidas por particulares, internet ha penetrado en estas comunidades en un esquema de compra venta de tiempo aire por medio de fichas comercializadas por proveedores locales.